La IA y los límites de la soberanía regulatoria

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Es un hecho que el auge de la IA concentró en pocas empresas el control de los datos, los modelos y la capacidad de cómputo.

Ese panorama ha llevado a distintos autores, como Catherine Tucker, del MIT, y Nikolas Guggenberger, de la Universidad de Yale, a preguntarse si los grandes volúmenes de datos y las plataformas digitales deben considerarse una facilidad esencial, una figura que obligaría por ley a compartirlos.

Cuts International, uno de los centros de pensamiento más influyentes de la India, llevó esta discusión ante el Comité de Competencia de la Ocde, a raíz de la preocupación que le genera la concentración de esos mercados y la vulnerabilidad que representa para las empresas que dependen de esas plataformas.

Quien controla el modelo puede restringir el acceso a una startup, o imponerle condiciones desventajosas frente a su propio negocio y levantar barreras que le impiden competir en igualdad de condiciones.

A escala global son contados los agentes con el capital y la capacidad técnica para entrenar un modelo de inteligencia artificial.

Eso los convierte en un cuello de botella, por cuanto gran parte de la economía digital de hoy, desde las aplicaciones más sencillas hasta las más sofisticadas, termina dependiendo del acceso a esas plataformas.

Esos riesgos fueron los que llevaron a Cuts a poner sobre la mesa, en su informe, la controversia sobre la posibilidad de considerar a la IA como facilidad esencial.

Sin embargo, el mismo reporte termina por concluir que esa figura no es la apropiada para hacerle frente al fenómeno, toda vez que esta exige que quien requiera el insumo no tenga un sustituto real en el mercado en que compite, condición que en este caso no se cumple.

Es decir, la exigencia no es que existan pocos competidores, sino que no haya ninguno.

En el caso de las plataformas de IA, aunque los proveedores son pocos, el usuario puede escoger entre ellos, así que el informe concluye que, por ahora, los datos y los modelos de inteligencia artificial no constituyen una facilidad esencial.

Pero al margen del debate, las jurisdicciones que realmente podrían expedir regulaciones eficaces para hacer frente a la concentración de estos ecosistemas son las de las grandes economías.

Los países pequeños, en cambio, no tendrían la posibilidad de aplicar sus regulaciones de manera extraterritorial a compañías como Anthropic, que están por fuera de su jurisdicción y cuyos ingresos ya superan los 50.000 millones de dólares anuales.

A diferencia de un laudo arbitral o de una sentencia judicial que se puede ejecutar en otro país en virtud de convenciones internacionales, una orden de acceso obligatorio es un acto de autoridad que ningún Estado va a ejecutar en nombre de otro.

Por consiguiente, la solución no parece estar en la legislación local, sino en la cooperación internacional.

Un ejemplo es la declaración conjunta que en julio de 2024 suscribieron las autoridades de competencia de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, que se comprometieron a vigilar de forma coordinada el control concentrado de los insumos de la inteligencia artificial.

Otro caso es el Pacto Digital Mundial, que la ONU adoptó el 22 de septiembre de 2024 como el primer marco global que fija principios comunes para gobernar la inteligencia artificial, la conectividad y los datos entre países.

El propio texto del Pacto le encomendó a la Unctad codirigir su implementación en gobernanza de datos y economía digital, mandato que esa entidad ya aceptó y con el cual se comprometió a prestar asistencia técnica en comercio electrónico y competencia justa.

Es en la promoción de esos mecanismos donde deberían concentrarse los esfuerzos de los países, sobre todo los de menor desarrollo, para acordar una solución a este problema.

Nota: en la elaboración de este artículo se emplearon herramientas de inteligencia artificial para corregir gazapos y puntuación y para revisar la redacción. El contenido, las ideas y las opiniones corresponden por completo al autor.